Estado de tramitación
El Anteproyecto de Ley se sometió al trámite de audiencia e información pública, cuyo plazo finalizó el 30 de septiembre de 2026. En dicho trámite, ASNEF presentó alegaciones al texto.
Objeto y ámbito de aplicación
El Anteproyecto tiene por objeto reforzar la integridad del sistema financiero mediante la regulación del sistema de prevención del blanqueo de capitales, de la financiación del terrorismo y de la financiación de la proliferación, adaptando el ordenamiento español al Reglamento (UE) 2024/1624, a la Directiva (UE) 2024/1640 y al Reglamento (UE) 2023/1113. Entre sus principales novedades destacan la creación de la ANIFI, la regulación del Registro Central de Titularidades Reales, el establecimiento de un nuevo régimen sancionador y la modificación de diversas normas financieras, entre ellas la Ley 11/2015, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y la Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.
La norma será de aplicación a los sujetos obligados conforme al Reglamento (UE) 2024/1624, entre los que se incluyen los establecimientos financieros de crédito, que deberán adaptar sus políticas de diligencia debida, control interno y análisis de riesgos, así como su representación ante el SEPBLAC, a las nuevas exigencias organizativas previstas en el texto.
Acciones llevadas a cabo por ASNEF
En el marco del trámite de audiencia pública, ASNEF ha formulado diversas observaciones al Anteproyecto con el fin de reforzar la seguridad jurídica y facilitar la operativa de los sujetos obligados. En particular, ha solicitado que se reduzca de seis meses a un mes el plazo máximo para resolver las solicitudes de autorización de transacciones y de desbloqueo o descongelación de fondos, al entender que el plazo previsto podría prolongar situaciones de incertidumbre con consecuencias económicas relevantes para las partes afectadas.
Asimismo, ASNEF ha propuesto reforzar el acceso automatizado e interoperable al Registro Central de Titularidades Reales, por considerar que el coste actual de las consultas puede resultar desproporcionado para las entidades que, por la naturaleza de su actividad, han de realizar un elevado volumen de verificaciones. A tal efecto, plantea la adopción de mecanismos de acceso y modelos tarifarios alternativos que permitan un uso eficiente y efectivo del Registro.
En materia de titularidad real, ASNEF ha defendido la conveniencia de distinguir entre discrepancias meramente formales y discrepancias sustantivas, evitando que la simple comunicación de una discrepancia determine automáticamente la imposibilidad de continuar la relación de negocios. En su lugar, se propone que la adopción de medidas restrictivas se vincule a la evaluación de riesgo realizada por cada sujeto obligado en el marco de sus procedimientos internos de diligencia debida.
Por último, ASNEF ha solicitado que se revise el sistema de financiación de la futura ANIFI, proponiendo una distribución más equilibrada de las contribuciones mediante una mayor participación de los sectores no financieros de mayor riesgo y la incorporación de mecanismos correctores para los establecimientos financieros de crédito, con el fin de adecuar las cargas económicas al nivel de riesgo y a la capacidad operativa de los distintos sujetos obligados.
Próximos pasos
ASNEF continuará realizando el seguimiento del Anteproyecto y trasladando a las autoridades competentes las principales preocupaciones del sector, en particular las relativas a autorizaciones, acceso al Registro Central de Titularidades Reales y financiación del nuevo supervisor.